Hasta el momento toda persona que hubiese pasado un periodo igual o superior a seis meses de privación de libertad, y tras salir o haber cumplido su condena, podía solicitar un subsidio que ofrecía una cobertura económica para cubrir unas necesidades mínimas hasta lograr un objetivo laboral. Una ayuda tan importante como necesaria para la integración de los excarcelados en sociedad que tenía una duración prorrogable de hasta dieciocho meses.
Ahora, con el fin de unificar determinadas prestaciones asistenciales es suprimida. El objetivo es incluir a una serie de colectivos, entre otros al de excarcelados, dentro del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Por lo que a partir del 1 de noviembre de 2024 el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha dejado de conceder esta ayuda.
Este subsidio que hasta ahora, una vez cumplidos los requisitos establecidos, era obtenido entre uno y dos meses, pasará ya no solo a complicarse, al decidirse ahora quedar incluido dentro del IMV, sino que los plazos para la obtención de la ayuda podrían estar entre los 4 y los 9 meses. Esta decisión de suprimir el subsidio es considerada por muchos como un error histórico.
“Esta decisión debe ser considerada como errónea y absurda ya que, por un lado, no se abaratará el coste, porque en teoría las personas liberadas pasarán ahora a ser beneficiarias del IMV y por otro, se causará un perjuicio de imposible reparación”, según expone ElDiaro.es. Igualmente comentan: “A las enormes dificultades que lleva arrastrando el ingreso mínimo vital, se le suman una serie de obstáculos adicionales. El cambio de subsidio a IMV puede afectar muy negativamente a la familia que de apoyarle [al excarcelado] en su reinserción social se verá gravemente perjudicada. Así pues, si el sentido de esta ayuda era atender con urgencia a la salida, un año después la necesidad ya ha tenido que ser cubierta de otras formas, por lo que es un auténtico despropósito.”
Por todo se saca en conclusión que la supresión de este subsidio pone en grave riesgo a quien debe enfrentarse a la libertad sin medios ni recursos, atendiendo además a que muchos de ellos ni si quiera cuentan con una red de apoyo familiar por razones obvias. Es necesario que la Administración de Justicia, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y todas aquellas Instituciones de quien dependan estas decisiones, recapaciten y no supriman el subsidio de excarcelación por los beneficios que suponen para aquellos que recién alcanzan la libertad.
