El Defensor del Pueblo ha alertado en múltiples ocasiones sobre la problemática de la falta de sanitarios en los centros penitenciarios. Esta escasez de personal no solo afecta a los profesionales, sino que también tiene consecuencias directas en la calidad de la atención médica que reciben los internos, ya que la disminución de la ratio médico-paciente tiene una correlación directa con una disminución en la atención sanitaria que reciben los pacientes. Resaltando la importante labor de soporte que realizan otros estamentos de la Atención Primaria en los centros penitenciarios como los diplomados universitarios en enfermería, los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería o los profesionales de la oficina sanitaria.
Así lo califica en declaraciones el Dr. José Miguel Antolín Mugarza, vicepresidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) quien afirma: “Llevamos décadas lanzando un SOS y solo disponemos de salvavidas que parchean la situación”. La falta de profesionales médicos y de condiciones laborales adecuadas no solo compromete el bienestar de las personas privadas de libertad, sino que además agrava la carga laboral y emocional de los sanitarios que prestan sus servicios en estos centros.
La falta de médicos en prisión conlleva el malestar de los propios profesionales que deciden apostar por un ámbito que no resulta del todo atractivo. Antolín explica que esto “conlleva una mayor carga de trabajo, con un nivel de estrés muy alto y con guardias por encima de las que se deberían hacer” Además, el vicepresidente de SESP concluye: “No cumplir con los estándares establecidos en cuanto al ratio de profesionales conlleva más trabajo, más estrés y mayor nivel de desmotivación al no poder realizar el trabajo como nos gustaría y como tienen derecho nuestros pacientes”.
