Tras ser invitados a visitar el Tribunal Supremo por parte de don Manuel Marchena, Presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal, tuvimos la oportunidad de poder hacerle una pequeña entrevista para conocer su lado más humano. Como jurista es fácil reconocerle. Nos sorprendió no sólo su cercanía, sino también su cordialidad con aquellos que estamos privados de libertad, contándonos anécdotas y vivencias de una forma natural. Fue un perfecto anfitrión.
¿Qué queda del joven fiscal que se incorporó al mundo judicial?
Sería muy osado si dijera que todo sigue igual y que los 40 años de ejercicio profesional en el mundo del derecho no me han cambiado. Tengo más experiencia. He ejercido como abogado, como fiscal y como juez. La responsabilidad que impone el día a día y, sobre todo, mi lucha por un mundo más justo siguen tan intactos como el primer día. Cada día que me pongo la toga siento algo muy parecido a lo que sentí cuando con 25 años se enfrentaba a su primer juicio.
¿Qué añora más de esos años?
Probablemente lo que más añore sea el escenario en el que mi trabajo se desarrollaba. Sigo echando de menos Canarias, mi tierra. Unas islas y una gente que no se parecen en nada a lo que hoy vivo. La velocidad del día a día es más moderada allí.
¿Qué se piensa al presidir una de las Salas más importantes de la justicia española?
Créame, un gran orgullo. Sobre todo, cuando comparto mi trabajo con grandes juristas de los que aprendo cada día. Pero también es cierto que cuanto más alto es el rango institucional, más alta también es la responsabilidad que asumes.
¿Qué le gusta hacer a Manuel Marchena en su tiempo libre? ¿Cuáles son sus aficiones?
Me gusta leer, nadar -practico la natación con regularidad-, viajar, toco la guitarra, me sirve para desconectar. Pero sobre todo, disfruto mucho con mi familia, mi mujer, mis hijos y mis dos nietas. Le dan sentido a mi vida y me permiten superar las preocupaciones cotidianas.
¿Existe tanta distancia entre la justicia y la sociedad, tal y como se dice?
Hay ocasiones en la que esa distancia coge la forma de una profunda grieta. El problema radica en que no podemos explicar nuestras decisiones. Hablamos mediante sentencias que muchas veces no se entienden, porque se precisa una formación jurídica para leerlas. Le aseguro que grandes polémicas que se han originado con ocasión de alguna de nuestras decisiones serían superadas si pudiéramos explicar el razonamiento jurídico que nos ha llevado a esa decisión. Pero no podemos.
¿Qué siente cuando se critica a la justicia y, en especial, a los jueces?
Algo fallaría si viviéramos en una sociedad en la que los jueces estuvieran blindados frente a la crítica. La crítica a la justicia y a los jueces es síntoma de normalidad democrática. Los jueces nos equivocamos, como cualquiera. Lo verdaderamente importante es que los errores se solucionen por la vía de los recursos. Y la crítica, como la que se dirige contra cualquier persona, tiene unos límites que deberían estar definidos por el respeto a la verdad de lo que se afirma o se denuncia.
Cómo le influye el ruido mediático que se crea a través del ejercicio de sus funciones?
El ruido mediático, como ya le he comentado, es expresión de una sociedad viva, inquieta, interesada en los grandes temas que le rodean. Pero ese ruido no puede ejercer influencia sobre nosotros. Sigo los medios de comunicación y leo cuanto se publica respecto del trabajo del Tribunal Supremo, pero no entro en los debates ciudadanos que permiten las redes para valorar nuestro trabajo. Hay momentos en los que incluso prescindo de las noticias y sólo oigo Rock-FM.
¿Nos podría contar una anécdota que le haya ocurrido en sus años de ejercicio y que le haya dejado huella?
Han sido muchas las anécdotas que he vivido durante el desarrollo de un juicio. En ocasiones, se hace difícil aguantar la risa. Tienes que reprimir la carcajada que te sale sola. Recuerdo un testigo que cuando se le preguntó si “juraba decir la verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad”, respondió: “bueno, depende de lo que me pregunte”. También otro testigo al que se le preguntó “si tenía interés en que el fiscal o el abogado defensor ganara el juicio” afirmó: “por mí, como si le dan por culo a los dos”.
¿La justicia si es lenta puede ser justicia?
Desde luego, lo ideal es que la respuesta judicial a una denuncia o la sentencia que pone término a un juicio, se dicten cuanto antes. El problema es que algunas investigaciones llevan mucho tiempo. Piense en un informe de ADN, dictámenes periciales, pruebas que se han de practicar en el extranjero… Lo que resulta inadmisible es que asuntos sin aparente complejidad se eternicen en los juzgados. Hay veces que la falta de medios en relación con el número de delitos que se cometen puede explicarlo. Pero nunca debería justificarlo. En cualquier caso, le diré que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llegado a tardar cuatro años en reconocer que se vulneró el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
Las sentencias son para acatarlas. ¿Qué opina de aquellos que las critican a los pocos minutos de haberse hecho públicas?
Como le dije antes, no veo una anomalía democrática en el hecho de que se critiquen nuestras sentencias. Pero también me gustaría decirle que la rapidez a la que discurren las noticias judiciales y el impacto informativo que tienen algunas de ellas están provocando una banalización del debate jurídico. Todos opinan, muchos critican agriamente y, como usted dice, no todos han leído la sentencia.
En la Administración, en general, siempre se habla de reformas, pero nadie las acomete. ¿En la justicia cuál es la reforma que se necesita desde su punto de vista?
La ley de enjuiciamiento criminal española fue elaborada en 1881. Desde entonces ha sufrido numerosas reformas parciales, pero las bases del sistema penal fueron definidas entonces. Hay que resolver, de una vez por todas, el eterno debate sobre si debe haber un juez de instrucción o ha de investigar el fiscal bajo el control del juez de garantías. Hay que fijar algunos límites constitucionales al ejercicio de la acción popular por partidos políticos y sindicatos y, por supuesto, hay que prepararse para afrontar el gran desafío de las nuevas tecnologías. Me conformo con una reforma en esos tres grandes temas.
En el ámbito que más nos interesa, que es el penitenciario ¿cree que ha llegado el momento de revisar la legislación penitenciaria para adaptarla a la sociedad del siglo xxi?
Hay algo que es evidente, la ley general penitenciaria es del año 1979. Nuestra sociedad en nada se parece a la que se vivía en aquellos momentos. Como antes le comenté en relación con el proceso penal, estoy convencido de que la administración penitenciaria tiene que abordar el desafío de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, la posibilidad de valerse de controles telemáticos alternativos a la reclusión en un centro penitenciario es una realidad a la que, tarde o temprano, habrá de hacer frente. Lo importante es que el paso por prisión no sea concebido como la respuesta puramente retributiva al delito cometido. Hay alternativas y tendrán que ser estudiadas al amparo de la experiencia de las últimas décadas.
Muchos compañeros nuestros se quejan de que con la sentencia 965/2022, de 15 de diciembre, se retrasa, en la mayoría de las ocasiones, la aplicación del tercer grado. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Entiendo la inquietud, pero en esa sentencia nos hemos limitado a proclamar que en el caso de delitos graves, el recurso del Fiscal impedirá la inmediata excarcelación. Se trataba de un supuesto de excarcelación de un recluso condenado a una pena de 20 años por un delito de asesinato. Sin embargo, en esa misma sentencia señalábamos el carácter preferente y urgente de la tramitación de ese recurso. También hay que decir que ese efecto suspensivo sigue teniendo una naturaleza excepcional, limitado a los delitos más graves, y no afecta a las decisiones más frecuentes sobre el disfrute de permisos. Espero y deseo que no haya, en ningún caso, una ralentización de las quejas de los internos
¿Qué mensaje mandaría a los internos y funcionarios de Soto del Real?
A los internos me gustaría hacerles llegar un mensaje de reconocimiento y esperanza. La prisión sólo priva de libertad personal. La dignidad del preso sigue intacta. Hay vida después de la cárcel. Respecto de los funcionarios, no tengo sino que recordarles que tienen en sus manos la vida y el proyecto personal de quienes han tenido un tropiezo en la vida por el que han sido privados de libertad. Que respeten su dignidad y que les ayuden al reencuentro con los valores que han quedado afectados por el delito. Por Ernesto Foncuberta
